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La guerra de Ucrania reaviva el debate nuclear

Opinión 12 de marzo de 2022 Por Sergi Alcalde (National Geographic)
Sato pudo salvarse porque corrió hacia el centro de protección civil de la localidad, de tres plantas de altura, pero muchos no pudieron contarlo. Solamente en su ciudad, que por aquel entonces contaba con 17.700 habitantes, perdieron la vida unas 900 personas, mientras que en todo el país se contabilizaron 16.000 muertos y más de 2.500 desaparecidos.

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Jin Sato, alcalde de Minamisanriku, un tranquilo puerto pesquero de unos 12.000 habitantes situado al norte de Sendai, en el noreste de Japón, no podía creer que su ciudad hubiese desaparecido prácticamente de la noche a la mañana. El horror comenzó a las 14:46 horas de aquel fatídico 11 de marzo de 2011 a unos 130 kilómetros al este, en pleno océano Pacífico. Un bloque de la corteza terrestre de unos 450 kilómetros de longitud se sacudió en el lecho marino y causó un terremoto de 9,1 grados de magnitud, el mayor jamás ocurrido en Japón, y al que sucedió un tsunami con olas de hasta 40 metros de altura. 

Sato pudo salvarse porque corrió hacia el centro de protección civil de la localidad, de tres plantas de altura, pero muchos no pudieron contarlo. Solamente en su ciudad, que por aquel entonces contaba con 17.700 habitantes, perdieron la vida unas 900 personas, mientras que en todo el país se contabilizaron 16.000 muertos y más de 2.500 desaparecidos.

Pero la tragedia no había acabado allí. Cerca de aquel lugar, en la Central Nuclear de Fukushima Daiichi, saltaron las alarmas. Las enormes olas habían dañado los reactores I, II y III, una situación que se agravó en los días posteriores, cuando el fallo en los sistemas de refrigeración provocó la fusión de los núcleos y la emisión de sendas fugas de material radiactivo a la atmósfera y al océano. El suceso fue de tal magnitud que la Agencia de Seguridad Nuclear lo catalogó como un accidente de nivel 7, el máximo contemplado en caso de desastres nucleares.

Hoy, más de un decenio después de aquel suceso, las aguas de Fukushima siguen movidas. Y es que desde el pasado mes de febrero, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) está revisando los planes del Gobierno japonés para verter el agua contaminada al mar después de pasar por un tratamiento depurativo. 

Hasta la fecha hay almacenados en el interior de la central unos mil bidones de agua contaminada. Las autoridades japonesas planean verterlos al mar a partir de este año, una decisión que ha recibido una oposición frontal de la industria pesquera y de las organizaciones conservacionistas. El principal problema es que el proceso de depuración al que han sido sometidos no logra eliminar totalmente algunos isótopos radiactivos, como el tritio o el Carbono-14, por lo que, de momento, la decisión queda en manos del OIEA, que acabará determinando el destino del agua contaminada. 

Fukushima no solo sigue presente en nuestras vidas, sino que marcó un antes y un después en el debate nuclear. En España, el accidente aceleró el desmantelamiento de la central de Garoña, pero en otros países tuvo consecuencias más drásticas. El Gobierno austríaco pidió que se realizaran pruebas de resistencia en todas las instalaciones existentes, mientras que Suiza decidió suspender todas autorizaciones de nuevas centrales. Sin embargo, el mayor golpe de timón lo dio Alemania. Solo dos días después del accidente de Japón, la canciller Angela Merkel dio marcha atrás a un plan gubernamental que pretendía alargar la vida útil de todas sus centrales nucleares. En lugar de eso, el Gobierno alemán se marcó una nueva meta: sustituir toda la energía atómica por la energía verde. El objetivo: que para 2050 el 80% de la demanda energética del país se cubra únicamente con renovables. Los siete reactores más antiguos dejaron de funcionar en 2011, mientras que los nueve restantes irían desconectándose de la red progresivamente. A mediados de este año, se espera que el país se despida de sus últimas centrales.

Todo parecía indicar que el apagón nuclear alemán, en consonancia con su estrategia de Energiewende, o ‘revolución energética’, marcaría la tendencia en toda la Unión Europea, embarcada desde hace ya una década en la transición hacia un futuro más verde. 

Sin embargo, 2022 nos deparaba otro golpe de timón inesperado. Francia, el segundo país con más centrales nucleares del mundo, decidió dar un espaldarazo a la energía nuclear dentro de su ‘mix’ energético. Al mismo tiempo, el mes pasado la Comisión Europea etiquetaba como ‘verdes’ el gas natural y la energía atómica, una medida polémica que ha vuelto a poner en el tablero el futuro de las nucleares.

Por si todo eso fuera poco, la guerra entre Rusia y Ucrania ha añadido más leña al fuego. En lo que llevamos de conflicto, el precio del gas en los mercados mayoristas europeos ha subido de media más de un 50%, mientras que el precio del kilovatio/hora sigue batiendo récords históricos cada día que pasa. Una guerra que también nos ha recordado que, en casos de conflicto bélico, las centrales nucleares son un auténtico quebradero de cabeza. Hasta la fecha, las tropas rusas ya han alcanzado dos centrales: la de Chernóbil y la de Zaporiyia, esta última, la más grande de Europa. La semana pasada, el corte del suministro eléctrico en Chernóbil reavivó los temores de una posible fuga radiactiva, aunque el OIEA afirmó que, de momento, no existe un riesgo crítico. Lo que sí que está claro es que esos dos ataques podrían haber causado un desastre de consecuencias inimaginables.

Ayer se cumplieron 11 años de aquel fatídico 11 de marzo de 2011, y nada parece indicar que nos vayamos a despedir de las centrales nucleares ¿Deberíamos aprovechar nuestros planes de descarbonización para deshacernos de ellas? ¿O necesitamos la energía nuclear para culminar la transición energética? ¿Hasta qué punto son seguras las centrales actuales? ¿Qué hacemos con ellas en caso de guerra? Preguntas que habíamos aparcado durante años regresan hoy, si cabe, con más fuerza. Seguiremos atentos al debate.

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