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El caso de Carlos Lanz está lejos de estar resuelto, dijo Zair Mundaray

El exfiscal del Ministerio Público Zair Mundaray asegura que en Venezuela existe un populismo judicial mediante el cual se inventan delitos y se declaran resueltos casos que, científicamente, distan mucho de haberse cerrado. Dice que no sería sorpresivo si el propio Carlos Lanz se aparece durante la audiencia de presentación de los imputados y que el fiscal Tarek William Saab mantiene un show mediático mientras se mantiene en el país la violación de los DDHH

Nacionales 10/07/2022 José Luis Carrillo – TalCual

Zair-Mundaray

Un populismo judicial. Esto es lo que existe en Venezuela cuando se inventan delitos y se dan por resueltos casos criminales que distan mucho de haberse demostrado científicamente. Esta es la opinión del exfiscal del Ministerio Publico Zair Mundaray, quien asegura que la actuación del Ministerio Público en el caso de la desaparición del dirigente político Carlos Lanz no está apegada a la Constitución y las leyes y podría ser invalidada si en Venezuela hubiera un efectivo Estado de derecho.

Zair Mundaray es abogado penalista y criminalista, fue fiscal y director de actuación procesal del Ministerio Público además de profesor universitario. Actualmente reside en Colombia, con estatus de perseguido político, luego que fuera acusado de usurpación de funciones.

En entrevista realizada vía telefónica, Zair Mundaray asegura que le parece espantoso ver a gente muy seria y muy crítica diciendo que, en relación al caso de Carlos Lanz, todo estaba muy claro con el vídeo en el que uno de lo supuestos implicados, Glenn Castellano relata los hechos y asegura que la autora intelectual es la esposa del profesor Lanz, Mayi Cumare.

“Eso no tiene valor jurídico, lo que usted diga, sin asistencia legal y cuando no está frente un juez no tiene valor jurídico conforme a la Constitución”, expresa enfáticamente Zair Mundaray, quien resalta que en estos años se han visto casos supuestamente resueltos por declaraciones de testigos o autores que luego se retractan y aseguran que fueron obligados a decir lo que aparecen diciendo.

En su opinión, el fiscal general Tarek William Saab, designado por la hoy extinta Asamblea Constituyente que convocó el mandatario Nicolás Maduro, mantiene un show mediático, mientras permite la violación sistemática de DDHH en Venezuela.

Considera el investigador en temas de derechos humanos y crimen organizado, que acciones como la detención de unos funcionarios policiales que habían maltratado a una enfermera en el estado Lara, así como la de 12 personas por crímenes ambientales y las de falsos médicos que estafaban a la gente o a maltratadores de animales, son utilizados por Saab como parte de ese espectáculo, pero, paralalelamente, continúan los atropellos a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Indica que la Fiscalía ha inventado delitos que no existen, como, por ejemplo, para quienes cometen bochornosos y deleznables actos de maltrato animal.

Esa gente va presa, pero el tipo penal no existe. ¿Cómo tú encarcelas a alguien por algo que no está previsto como delito? Primero tiene que venir la Asamblea a elaborar la ley y luego que se aplique la misma, objeta.

—¿Cuál es su visión sobre el caso del dirigente Carlos Lanz, aparentemente resuelto esta semana, y sobre el que el fiscal general Tarek William Saab señaló la autoridad material de su esposa, presentándolo junto a otros casos como una actuación destacada de su despacho, en los mismos días en que se producía una ola de detenciones a dirigentes políticos y sociales, especialmente del partido Bandera Roja?

—Bueno, fíjate que en ambos casos (Carlos Lanz y detenciones) hay una línea de actuación que es coherente, porque en ambas se producen violaciones sistemáticas a derechos fundamentales; una persecución, en el caso de los dirigentes políticos y en el otro caso hay una clarísima vulneración de todos los derechos al debido proceso que marcan la actuación fiscal, que lejos de resolver el problema penal lo agrava en gran medida porque todo avance que se sugiere está reñido con la vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, y además con su Reforma que, a pesar de que se queda corta y he sido bastante crítico de la misma, no se puede negar que es bastante garantista.

Opina Zair Mundaray que en Venezuela no se está en presencia de investigaciones científicas, investigaciones criminales propiamente dichas. “Es un atropello, una vulneración de los derechos fundamentales en función, desde mi perspectiva, de un show mediático, porque no veo que haya habido una real investigación penal en estos casos, ni en uno ni en el otro”.

Sostiene que el sistema penal ha sido la bandera desde hace muchos años para este tipo de persecución de tipo político, montando expedientes con los que enjuiciar y encarcelar a disidentes del gobierno.

“Cada día han ido afinando esas capacidades con la creación de tribunales y nuevos tipos penales, así como con una barbaridad como es la llamada ley contra el odio, algo absolutamente inconstitucional, pero también con los tribunales de terrorismo, fiscales en materia de terrorismo, y ahora el Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES) investigando, que es una entidad para imponer terror en nombre del Estado y que viene a sustituir el FAES y que ahora investiga sin tener facultades para ello. En fin, hay una sistematicidad en eso, por eso creo que una y otra cosa tienen elementos que se conectan, solamente que se hacen en contextos diferentes”, destaca el investigador.

—¿Los testimonios que incriminan a la esposa de Carlos Lanz no serían pruebas suficientes?

—Ahí no hubo investigación penal. Un poco de perspectiva; la investigación penal, como quedó estructurada a partir de la Constitución del 99 y del Código Orgánico Procesal Penal, es una investigación de carácter científico criminalístico, es decir, el Estado tiene la obligación de demostrar, más allá de toda duda razonable, dos elementos fundamentales como son la materialidad del hecho, la materialidad del delito, es decir, que el delito efectivamente ha ocurrido, y quién o quiénes son los autores o partícipes. La Constitución venezolana protege el derecho a la no autoincriminación; todas las constituciones y normativas procesales modernas protegen al ser humano, al individuo, al sujeto, para que lo que él diga no puede hacer utilizado en su contra salvo que lo diga en unas condiciones especialísimas que es con asistencia jurídica y frente a un juez de mérito, nada de eso se ha producido y cuando llegue el momento de suprimir los testimonios, es decir, por eso es que la investigación es científica, porque cuando se supriman los testimonios, cuando esta gente (los implicados) vaya a un juicio o ante un tribunal, los abogados le dirán ‘no diga nada que lo incrimine’, con ese testimonio suprimido, usted no tiene investigación, no tiene nada.

Abunda en la idea recalcando que, si se suprimen los testimonios, a los que califica de ilegales porque violentan el artículo 48 de la Constitución, que garantiza el derecho a la no incriminación, el caso se queda sin pruebas contundentes.

“Es más, el fiscal Saab confiesa una vulneración del derecho fundamental porque dice haber interrogado a los detenidos, cuando esos detenidos no tenían asistencia jurídica y no estaban ante un juez y el Código Orgánico Procesal penal es absolutamente claro, al establecer que una persona detenida tiene que estar frente a un juez de garantías, no puede declarar ante un órgano policial y mucho menos ante un fiscal del Ministerio Público”, detalla el abogado, quien remata diciendo que el propio fiscal anula toda la actuación de su despacho.

Insiste en que toda la información obtenida es nula porque se hizo sin que la persona estuviera asistida jurídicamente.

“Cómo va a demostrar el Estado (la culpabilidad de los implicados) si él (Saab) confiesa que no tiene balística, o sea, dice que lo mataron con arma de fuego, pero no tiene balística, es decir, no hay un arma incautada, no hay proyectiles ni ciencia forense; dice que le pegaron dos tiros en la cabeza, pero no tengo cuerpo, no tengo cráneo que lo analice, no tengo manchas de sangre, no tengo genética forense, no tengo ningún resto humano que me permita decir de qué murió la persona”, acota.

Sostiene que, en estos momentos, no se puede demostrar ni siquiera que Carlos Lanz está muerto. “Si Carlos Lanz apareciera el día de la presentación ante el Tribunal, caminando, no sería ninguna sorpresa, porque no hubo investigación que determinara que eso ocurrió. Los hechos son la narración de una persona, si usted la suprime no hay materialidad delictiva”, subraya.

Desde su perspectiva, es avergonzante que, en pleno siglo 21, con todas las capacidades de investigación que tiene el Estado y que tenía el Ministerio Público en su oportunidad, como laboratorio, telefonía, pesquisas, intervenciones telefónicas y demás, no haya ningún elemento de carácter científico que acredite que el hecho ocurrió, sino sólo los testimonios.

“(Saab) habló del luminol, pero es que el luminol da positivo con muchísimas cosas más allá de la sangre, pero ni siquiera dijo que se había hecho análisis de sangre, ni de análisis genético para decir, primero, aquí hay una sangre que es humana, porque con sangre animal también da positivo el luminol, y luego, que se trata de la sangre de Carlos Lanz, que genéticamente lo pudo determinar, nada de eso”, señala.

Por ello estima que, en definitiva, el caso no está resuelto. “Creo que, si hubiese en Venezuela Estado de derecho y con unos defensores meridianamente hábiles, capaces, todo lo actuado se declararía nulo y no habría ninguna capacidad de obtener una condena. No tiene huellas dactilares, análisis de telefonía, intervención telefónica con grabaciones, nada desde el punto de vista forense, es más, no tengo un cadáver. Yo no puedo afirmar que una persona está muerta si no tengo una probanza fáctica de ello”.

Añade que la investigación, desde el principio, estuvo mal y que la gran demostración de que nunca se investigó es que ese delito tiene dos años y lo primero que se hace en caso de personas desaparecidas es investigar el entorno familiar.

“Dos años después tú llegas a la conclusión de que se encontraba el tema dentro del entorno familiar, cuando los primeros que interrogas son del entorno familiar y verificas la telefonía, las cuentas bancarias, los negocios, caracterizas al sujeto y el entorno para ver si hay los dos elementos fundamentales, que son el móvil y la oportunidad, que es el ABC de la investigación, primero, quién puede tener un móvil para hacer daño o desaparecer a alguien y, segundo, quien tuvo la oportunidad de hacerlo».

Se busca criminalizar cualquier conducta

 —El fiscal Saab últimamente ha informado la detención de 12 personas por daños ambientales, así como también la detención de falsos médicos y odontólogos. ¿Usted puede decir entonces que el fiscal está actuando, o que el Ministerio Público está actuando correctamente para detener este tipo de delitos o también es parte de ese show del que me ha hablado hasta ahora?

—Fíjese que en el caso de las personas que se hacen pasar por médico y ejecutan algunas actividades a mí me da mucha risa, hasta vergüenza, porque dice que se le atribuye el delito de intrusismo, algo que en el Código Penal no existe, ni en ninguna norma existe ese delito. El intrusismo es un término absolutamente profesional para expresar cuando un profesional se mete en el área de otra persona que también es profesional, solamente que se mete en lo que no le corresponde.

Hay cosas para las cuales el derecho penal no puede ser la primera línea de acción. ¿Por qué las sociedades modernas están haciendo que el derecho penal sea más pequeño, mínimo? Es para de verdad abordar los temas cuando se corresponde, pero a la vez se genera una fórmula de prevención. Tú tienes que educar, tienes que llegar a las comunidades, el Estado tiene que estar presente y tiene que concientizar para evitar que se cometan ciertas acciones.

Resalta que, en derecho comparado “y en casi todos los Estados que tienen leyes vinculadas con el público, como con el acoso, el manoteo, como le dicen en toda Latinoamérica, existe un programa de atención integral para evitar que eso ocurra; pero en Venezuela no”

Añade que lo que se hace es imputar a los niños, al niño o el adolescente que cometió el hecho, pero no se determina si ese niño o adolescente está siendo víctima de abuso o maltrato en su hogar o en el entorno familiar. Por ello, asegura, no hay un abordaje integral, por lo que lo único que se hace es criminalizar al niño o adolescente.

“El show del fiscal es tratar de criminalizar cualquier conducta. Pero no alcanzarán ni los tipos penales ni las cárceles para meter a todo el mundo preso en los temas ambientales. Esto es un tema que ameritaba que el derecho penal lo abordara, pero no es a través de la privativa libertad porque es que las normas de la Ley Penal del Ambiente hablan de la reparación del daño como primera línea de acción. Ellos, los autores, tenían que reparar el daño, pero ¿por qué Saab no se mete así en el Arco Minero, con los militares, la guerrilla y los narcotraficantes que están abajo depredando 200.000 kilómetros cuadrados de terreno, que además de terreno único, quiero decir, de ecosistemas únicos, ahora tenemos mercurio en las aguas y tenemos una cantidad de daños al ambiente, al ecosistema, que son irremediables y no hay ni una investigación al respecto.

Asegura Zair Mundaray que la Fiscalía tiene, desde el punto de vista mediático, muchísima presencia, pero que esta presencia tiene que ver con la violación de derechos fundamentales.

—Hemos escuchado al fiscal decir que no es necesaria una investigación por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En su opinión, ¿se hace justicia en Venezuela y no hace falta la asistencia internacional? ¿Cree que el fiscal de la CPI, Karim Kahn continuará con la investigación contra Venezuela o se impondrá la versión del Estado venezolano?

—Estamos en tiempos muy complejos. Este es un tema de complementariedad, el análisis de las capacidades del mismo Estado para hacer justicia genuina; es uno de los elementos, una de las características fundamentales que exige la Corte Penal Internacional y eso es, precisamente, lo que no podrá demostrar el régimen, ¿por qué? Porque es que los órganos o las cabezas de los órganos que imparten justicia o del sistema de Justicia, que es el único sistema que aparece en la Constitución y por eso habla de la interdependencia entre unos y otros, son coautores de los delitos.

Detalla que uno de los crímenes investigados por la CPI es el de persecución y encarcelamiento injustificado y que las víctimas son perseguidas por la Fiscalía. “¿Quién está investigando? Un coautor del delito; ¿quiénes han encarcelado? Son los tribunales; ¿Quiénes han torturado? Son las policías, las llamadas a garantizar los derechos humanos, los organismos de seguridad del Estado son quienes han torturado y desaparecido a estas personas”.

Asevera Zair Mundaray que, con el último informe sobre Venezuela, la Alta Comisionada para los DDHH de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, “retomó el carril”. Explica que, aunque ha cuestionado permanentemente la misión de Bachelet en Venezuela, la cual le ha parecido absolutamente ineficaz, en ese informe dice prácticamente que tira la toalla porque no pudo lograr que el Estado se reencaminara o encaminara por primera vez en la protección de los DDHH.

“Cuando uno lee el texto de manera integral, al final Bachelet dice que ha fracasado y se va, y se va habiendo fracasado porque los mismos males con los que inició en sus primeros informes de 2019 se mantienen o se han acrecentado porque los espacios democráticos o los espacios cívicos cada día son menores en Venezuela”, señala.

Sobre el nuevo Alto Comisionado

—¿Cuáles son las expectativas de Venezuela con un nuevo Alto Comisionado? ¿Se perdería lo poco que se avanzó, porque por lo menos se instaló una oficina y tenía de primera mano el acceso a las denuncias a los informes de las ONG?

—Una de las cosas más graves es que Venezuela se está postulando el Consejo de Derechos Humanos. Venezuela tiene la desfachatez de sufrir un informe digamos meridianamente robusto, porque se sigue quedando corto, y ahora se postula nuevamente para eso. Ojalá y Venezuela no sea parte del Consejo de Derechos Humanos, sería de verdad que un despropósito.

Recuerda Zair Mundaray que, en la pasada oportunidad en que Venezuela se postuló, algunos teóricos consideraron positiva esa iniciativa porque se veía como con una obligación moral de cumplimiento, pero asegura que en Venezuela no hay obligación moral de nada.

“No hay ningún principio ético que propenda hacia la tutela de los derechos humanos, de modo que un nuevo Alto Comisionado que venga tendrá que evaluar si la oficina realmente es eficiente, tendrá que ver estadísticas reales, porque, desde mi perspectiva, la instalación de la oficina le funciona es al gobierno y muy poco desde las perspectivas de acciones concretas para evitar que los hechos ocurrieran”.

“Fíjate –continúa- que ella tuvo que confesar que hay más de 30 personas con boletas de excarcelación, quiero decir, ni siquiera pudiste (hacer algo al respecto), y dijo que ni siquiera podían entrar los miembros de su oficina a la cárcel, es decir, tienes una oficina que le sirve a la dictadura para lavarle el rostro, pero no sirve para visitar un preso y exigirle a un juez que cumpla con una orden o la policía que cumpla la medida que ha dado el juez”, destaca.

Desea Zair Mundaray que el próximo Alto Comisionado sea una persona de verdad con muchísimo más fuerza y que no anteponga ideales de su tema ideológico o político por encima de los derechos humanos como estima ocurrió en algunas oportunidades con la misma Bachelet que en su opinión se quedó corta frente al caso cubano, el caso nicaragüense y el caso venezolano.

«Reestructuración del TSJ fue algo nefasto»

—Para finalizar, queremos conocer su visión de los cambios que se han dado en Venezuela en cuanto a la reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia, donde se eligió una serie de magistrados algunos de los cuales han recibido acusaciones de estar vinculados con el partido de gobierno, y también cuando se prepara una serie de reformas a leyes como la del Estatuto Policial, el Código Orgánico Procesal Penal, que van a ser cambiados por un Parlamento con una orientación política afín al gobierno.

—La visión es que lo que está ocurriendo en materia sobre todo el sistema judicial es nefasto. Ya lo decía en ocasión del primer informe de Bachelet este año, cuando afirmaba que ella veía con buenos ojos la posibilidad de la elección de un Tribunal Supremo de Justicia plural, verdaderamente transparente, auditable, y decíamos nosotros que eso es imposible bajo la égida de una Asamblea Nacional (AN) que tiene una misma visión ideológica y en la cual no hay una oposición real, porque pareciera que el único que hace oposición dentro de la AN es el Partido Comunista de Venezuela (PCV), que es el único que había levantado la mano para decir no.

“En cuanto a algunos proyectos de ley tuvimos un paquetazo en el primer semestre que implicó una toma absoluta, mejor dicho, un afianzamiento mayor del poder del régimen sobre el Tribunal Supremo de Justicia, por la reducción de magistrados, que esencialmente es lo único que hace en cuanto a estructura, y por las limitaciones de algunas salas en cuanto a sus competencias, pero finalmente sigue existiendo la factibilidad de un gobierno judicial donde el que tiene la Sala Constitucional hace, básicamente lo que le da la gana”, considera Zair Mundaray.

Dice que, en cuanto a los instrumentos, el Código Orgánico Procesal Penal tuvo algunos asomos positivos a favor de derechos humanos, pero no se aplica, y que el Código de Justicia Militar se reformó para que quedara casi igual.

“En definitiva, el sistema de justicia militar es uno de los más oscuros inauditables y nefastos que tiene el país. Ahí se apresa a la gente, que pasa años sin juicio, sin audiencia, sin ser oídos, y no hay juez que verifique su estado de salud. Te puedes morir ahí y no hay un juicio ni debido proceso para ti”, señala.

 

José Luis Carrillo – TalCual

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