Edgar Perdomo: El COVID-19: ¡En manos de ladrones, y especuladores!

Opinión 07 de mayo de 2021 Por Edgar Perdomo Arzola
Los llamados enchufados islámicos, han visto en esta conmoción nacional lo que eufemísticamente llaman “una oportunidad”; donde han especulado con el precio de una mascarilla de protección, hasta los que, seguro, están pensando en cómo enriquecerse gracias al uso que pueda darse a fármacos, para combatir la epidemia de covid-19.
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“Los elementos del buen trading son: Primero, cortar las pérdidas, segundo, cortar las pérdidas, y tercero, cortar las pérdidas. Si puede seguir estas tres reglas, entonces tendrás una oportunidad”. Ed Sekyota.


¿La salud en manos de la especulación? Honda preocupación está  generando el alto costo, el atraco, y la especulación sin control de los precios de medicamentos destinados al tratamiento del coronavirus, a diario las redes sociales,  dan cuenta de esta lamentable situación que pone en pone fin a la vida, y la salud de millones de venezolanos quienes se ven imposibilitados de acceder a los servicios de clínicas, y hospitales, que en muchos casos, además de llevar a sus familiares sobrevivientes a la ruina, son la macabra diferencia entre la vida, y la muerte, sin que a la fecha el Gobierno haya adoptado alguna medida eficaz que le ponga coto a esta grave situación, y donde no se ve la vacunación masiva o inmunidad del rebaño, de la vulnerable población venezolana.

Ante esta tragedia antiética, y especuladora,  nos encontramos frente a otra coyuntura sumada a la grave crisis económica, muy sui generis como este mortal virus chino, ahora  como  un evento disruptivo en todo orden de la vida del sufrido, y golpeado pueblo venezolano, donde la demanda de medicamentos se ha elevado exponencialmente, y dentro de lo cual el gobierno no cuenta con los mecanismos de abastecimiento inmediato a gran escala; situación que estaría siendo aprovechada por los grupos económicos del sector farmacéutico ahora controlado por los ilegales comerciantes especuladores, y criminales de origen sirio, para acaparar, y especular con la finalidad de lucrarse a costa de la vida, y salud de miles de personas que han caído en situación de pobreza , lo cual resulta reprochable por decir lo menos, y debería ser  condenado ejemplarmente por todos los actores políticos venezolanos, y extranjeros.

La gente se pregunta  porqué no se sancionan penalmente a estos sirios que se han apoderado de farmacias,  y panaderías, donde ya brotan,  los alarmantes casos de especulación en que estarían incurriendo estas alimañas lavando dólares en este sector, mediante el delito de especulación, y legitimación de capitales previsto, y sancionado por las leyes penales venezolanas, y esto  se debe precisamente a la configuración o descripción del delito mismo.

La jurisprudencia es muy clara, cuando el supuesto legal exige que el sujeto que incurra dolosamente en la elevación de precios de productos declarados de primera necesidad, por encima del precio fijado por el margen de ganancia, y las autoridades competentes, por  lo tanto nos encontramos frente a una figura penal inexistente para estos criminales islámicos, esto quiere decir entonces que requerimos de una norma extra penal para la configuración de este delito, en este caso resulta  imprescindible que la autoridad competente establezca qué insumos serán considerados de primera necesidad en el combate del covid-19,  y se establezca un  listado de precios; lo que literalmente se encuentra proscrito en nuestro sistema legal, pues en este modelo de economía social de mercado al cual se adscribe nuestra Constitución Bolivariana los precios se “ fijan” según la ley de la oferta, y la demanda que fijan estos sirios indeseables. Por ende, resulta inaplicable dicho supuesto delictivo, amparado desde el alto gobierno.

Ahora bien, respecto al ingreso ilegal al país,  y el acaparamiento de bienes en grandes cantidades antes de que lleguen al mercado de consumo, con la finalidad de elevar los precios, provocar escasez u obtener lucro indebido en perjuicio de la colectividad. Esta figura delictiva goza actualmente de total impunidad. Ante la situación actual, coincidimos con la necesidad, y urgencia de sancionar ejemplarmente por la vía penal este tipo de conductas, pues se producen en un estado de emergencia donde se encuentra en riesgo la vida, y salud de miles de personas; para ello habría que introducir modificaciones legales al marco existente, y tipificar nuevamente la figura de la especulación pero bajo una óptica mas severa del modelo económico constitucional, y es precisamente en esta línea que se deben impulsar  reformas legislativas, buscando sancionar dichas prácticas en emergencias, y desastres con la expulsión inmediata de estos comerciantes criminales del país; sugiriendo cambios normativos bajo otra estructura en cuanto a la descripción del delito de especulación, y  acaparamiento para salvar la inconstitucionalidad, a la par proponen la modificación del delito de especulación, el cual se encuentra  en desuso, dado que resulta inaplicable de acuerdo al marco constitucional vigente.

Resulta interesante que se  busque sancionar aquellos supuestos de especial gravedad, esto es, cuando se trata de peligros para la vida, y la salud de la colectividad,  en el marco de un estado de calamidad, y/o emergencia.

A nivel Ejecutivo se deben dictar medidas como son la autorización a los laboratorios para vender directamente los medicamentos utilizados para el tratamiento de la enfermedad en los pacientes de alto riesgo, y además disponer la inclusión del quid de productos para el Covid 19, junto a una lista de medicamentos genéricos que todas las farmacias deben  tener en stock. Al respecto, expertos en la materia consultados, me manifiestan que se trataría de medidas de difícil aplicación,  pues por ejemplo, los laboratorios nacionales dirían que no cuentan con los insumos necesarios  para la producción, ni  con la infraestructura para la venta directa al público, lo cual no justifica  en modo alguno el alto costo de los medicamentos, como el caso de la azitromicina, y el acetominofen, incluidos en el kit obligatorio de genéricos en este año 2021, ya de por si muy costosos, en consecuencia se trataría de una medida que el regente de farmacia que no la cumpla debe ser  arrestado, y multado, serian medidas de buenas intenciones, para ver si agarran mínimo, pero sabemos que esto no  ataca la raíz del problema, frente a lo cual seria necesario que los centros de salud públicos cuenten con un stock de medicamentos genéricos para dárselos gratuitamente, y bajo control a los afectados por este virus maligno.                                                                                                                                                                      

Estos actos delictivos deben ser  recogidos en una ley especial  en contra de delitos contra el orden económico del covid-19.

La epidemia de coronavirus sin duda ha trastocado muchas cosas en nuestra sociedad; en muchos casos para mal, con el barrido de una generación de personas mayores, y en otros para bien, mostrando la capacidad de esfuerzo, y solidaridad de personas que son esenciales para el mantenimiento de lo que podríamos llamar vida normal, bienes sanitarios, personal de limpieza, suministros etc.… Y también de los investigadores, que sobre el esqueleto de una estructura depauperada han tratado de -y conseguido- ayudar en los diagnósticos y trabajar afanosamente para derrotar el SARS-CoV-2, para combatirlo, y prevenirlo con la aplicación de fármacos, y vacunas seguras, y eficaces.

Otros, sin embargo, los llamados enchufados islámicos, han visto en esta conmoción nacional lo que eufemísticamente llaman “una oportunidad”; donde han especulado con el precio de una mascarilla de protección, hasta los que, seguro, están pensando en cómo enriquecerse gracias al uso que pueda darse a fármacos, para combatir la epidemia de covid-19.

Nadie duda del derecho de las dueños de clínicas, y farmacias a tener beneficios, no faltaría más, y teniendo en cuenta los costos de producción de los fármacos, que son muy elevados. No obstante, semejantes precios hoy en Venezuela parecen excesivos, y su posibilidad de venta se basa en que hay pocos antivíricos probados, y que den algún resultado frente a una enfermedad para la que no hay un tratamiento asentado. 

Esta especulación atroz debido a la tentación del dinero fácil, con unos precios muy superiores a los que indicarían los costos reales de producción, debería de ser penalizados. Esta especulación siempre suelen maquillarse con descuentos engañosos.

Me parece que es misión del gobierno proteger a sus ciudadanos de esta mortífera enfermedad, pero también de la especulación que será jaleada por muchos comerciantes árabes, en nombre de la colonización de la patria de Bolívar. Está claro que vivimos, los venezolanos, en un país capitalista hibrido del crimen transnacional, y ya parece habernos acostumbrado a vivir en él. Claro que eso no implica adorar al becerro de oro. Habrá que estar atentos a los movimientos de estos criminales de guerra,  que pretenden seguir especulando con la salud de las personas enfermas de covid-19. Ésta también es una de las misiones de los poderes públicos, y todos los partidos políticos que se consideren patriotas.

 

Moraleja: En la ciudad de El Tigre en el Estado venezolano de Anzoátegui, en el corredor vial de la cuarta carrera sur, en tiempo record se construyó una farmacia de lujo, que según la inteligencia popular es propiedad de una mafia de árabes lavadores de dólares, en un país quebrado, y donde no existe crédito bancario, fue alarmante cuando la empresa Corpelec con el apoyo de cuerpos de seguridad trancaron  las calles adyacentes, para instalarles dos postes, para dos bancos de transformadores de 3 transformadores por poste de 75 KVA cada uno, una pelusa, este comentario es voz populi en esta ciudad, y que empezaron a construir otra en la vecina población de Pariaguan, a mi que me agarren confesado.

Twips: El alacrán cínico, y putrefacto, acaba de comprar a través de testaferros el circuito radial, y televisivo ORBITA, en El Tigre, Anaco, y Puerto la Cruz, en el Estado venezolano de Anzoátegui, ya en el aire, con el permiso de CONATEL. Diría José Campos Suarez: “El crimen no paga”.

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