La FMV exige la publicación del informe forense, historial clínico, acta de defunción, causa real del deceso y lugar exacto del fallecimiento

Por: Dick Torres

El presidente de la Federación Médica Venezolana (FMV), Douglas León Natera, denunció graves vulneraciones técnicas, legales y éticas en el caso de Víctor Quero Navas, cuyo deceso bajo custodia estatal fue ocultado a sus familiares durante nueve meses.

El vocero calificó el hecho como una violación flagrante a los derechos humanos y un «peregrinaje de dolor» para su madre, Carmen Navas, de 81 años, quien recorrió cárceles, hospitales y morgues buscando información que le fue negada.

León Natera señaló que el Estado venezolano incumplió el artículo 43 de la Constitución, el cual lo obliga a garantizar la vida de los privados de libertad.

Afirmó que la ocultación del fallecimiento por casi un año configura una desaparición forzada, un trato cruel y una vulneración directa al derecho a la verdad.

En defensa de la ética profesional, la FMV exige la publicación inmediata del informe forense, el historial clínico y la cadena de custodia.

La institución gremial reclama transparencia total sobre el acta de defunción, demandando conocer la causa real del deceso, el lugar exacto del fallecimiento y la identidad del médico firmante.

“Es imperativo determinar si existieron diagnósticos previos o si la muerte derivó de la falta de tratamiento médico en el centro de reclusión”, fustigó el científico.

Asimismo, la federación solicita aclarar si el detenido recibió atención por parte de médicos colegiados o si estuvo bajo la asistencia exclusiva de los custodios.

Activación de protocolos internacionales

Ante la gravedad del caso, el presidente de la FMV instó a las autoridades nacionales a aplicar el Protocolo de Minnesota, estándar internacional diseñado para investigar muertes potencialmente ilícitas bajo custodia del Estado.

De igual forma, pidió ejecutar el Protocolo de Estambul ante posibles indicios de tortura previa.

«Es una tragedia que subraya la urgencia de justicia. El Estado está obligado a dar respuestas a quienes hoy transitan la incertidumbre y el trato inhumano», reclamó el representante gremial.