En un firme pronunciamiento sobre la situación actual del estado Yaracuy y el municipio San Felipe, se formuló una crítica a la administración de las autoridades locales, señalando la falta de transparencia, la improvisación en obras públicas y el grave deterioro de los servicios básicos y de salud que afectan a la población.

​Durante el balance ofrecido, se enfatizó que la gestión pública debe conducirse con apego a las leyes de la República y respeto al ciudadano, citando como marco regulatorio el artículo 141 de la Constitución Nacional y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, los cuales obligan a la administración a actuar bajo principios de rendición de cuentas y eficacia.